¿De cara a la galería?

¿Qué es lo que se debe hacer con un documento político que, por su propia naturaleza, carece de imposición legal? Pues aunque parezca que estoy preguntando de qué color es el caballo blanco de Santiago, la pregunta resulta más que pertinente. Bien, la respuesta es clara: tan sólo cabe implementar un uso político del mismo, nada más.
El Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales podría llegar a representar uno de los ejemplos más claros de lo que acabo de exponer. Siempre asaltan interrogantes, y esto es bueno porque, como ciudadanos, nos mantiene en alerta. Ya desde la propia denominación del mismo se hace explícita la intención que alberga en la voluntad de las partes firmantes del mismo: es decir, el ejercicio de la buena voluntad. Pero ¿y cuando ésta falta? Los distintos partidos nos surten de casos en contrario, por lo que resulta un arma arrojadiza de discutible efecto.
El problema del transfuguismo no se arregla con la simple denuncia intermitente de unos y de otros, según vaya soplando el viento. Todo lo contrario, el problema del transfuguismo no encontrará una solución hasta que las formaciones reconozcan que, cuando algún representante ha traicionado su lealtad política en detrimento de la voluntad popular, siempre se obtiene un beneficio claro por parte de otros, y que dicha mecánica no ayuda al sano funcionamiento exigible a una democracia representativa.
El transfuguismo, al contrario de lo que enuncia el Acuerdo no debe ser "aislado", sino erradicado, eliminado via legislativa. La utilización de la Ley es el único recurso que resta para curar a nuestra democracia de uno de sus males endémicos. Ahora bien, si todos tienen la ocasión de beneficiarse, de una forma u otra, en un sistema de partidos, donde únicamente importa tener la mayoría, la condición de "víctima" es realmente circunstancial, pues "nadie estará libre de pecado" para exigir con pulcritud el acatamiento y cumplimiento de un decálogo ético. La tentación siempre estará presente.
Las formaciones, por su dinámica y también por la esencia del sistema, es imposible que posean conciencia moral. Únicamente los sujetos que la conforman podrán actuar de contrapeso de sus propios compañeros para demandarles respeto por la voluntad popular, aunque renunciar a debilitar al contrario implique la no percepción de ganancias inmediatas.
Una de las razones de la abstención en nuestro sistema es justamente la visualización de la omisión de deber de lealtad política, dejando a los electores, a los ciudadanos, en un lugar poco deseable, en la más pura indefensión.
Nuestra clase política tendría que hilar más fino, ser no sólo consciente del dificultad, sino también de la imperiosa necesidad de difundir pedagogía democrática, arbitrando los medios para que la voluntad popular, nacida libremente en las urnas, no se vea truncada por acciones particulares, que suelen ser reprendidas en actos solemnes. Esto sólo no es suficiente. La opinión pública no puede acostumbrarse a dar todo por perdido. Cuando esto suceda, entonces adiós.